Por Ernesto Soto Chávez Abogado
Desde la perspectiva de la descentralización, nuestra historia es el intento por compensar un país desigualmente desarrollado y se resume en el choque de fuerzas políticas por descentralizar o concentrar el poder político. Entonces, avanzamos o retrocedimos cuando una fuerza prevaleció y curiosamente el equilibrio no favoreció la descentralización, sino que produjo un estado de “permanente proceso”, en el cual seguimos atrapados.
En el camino por descentralizar el país se crearon mitos que debemos superar de una vez por todas. El más corrosivo de ellos dice que, como la descentralización es irreversible, las acciones que se realizan en el marco de las competencias transferidas a los gobiernos regionales, no pueden ser ejercidas por el Gobierno nacional.
Esa idea ignora por completo que la subsidiaridad institucional, que rige la descentralización, en su dimensión positiva, exige que la organización mayor, es decir el Gobierno nacional, asuma las acciones que las organizaciones menores, como los gobiernos regionales, no estén en capacidad de ejecutar dada la envergadura de determinados proyectos que demandan mucho personal, inversión y mayor capacidad técnica.
De hecho, el actual anteproyecto de la Ley de Bases de la Administración prevé que el Gobierno nacional, con autorización de una ley, pueda realizar acciones concretas en asuntos específicos de competencia de otros niveles de gobierno, siempre que los objetivos de esas acciones no puedan ser alcanzados por el respectivo nivel de gobierno. Es un llamado natural de subsid uma aquel que está en mejor capacidad de abordar un problema, pero que lamentablemente aún no nos atrevemos a aceptar e implementar.
Un buen ejemplo de esta situación es el caso del Ministerio de Agricultura que demanda asumir, al menos temporalmente, competencias sobre titulación de tierras porque muchos de los gobiernos regionales están desbordados con este problema.
Anteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también evaluó asumir competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima para enfrentar la reforma del transporte, y el Gobierno nacional asumir competencias en formalización de la pequeña y mediana minería.
Estas propuestas apuntan siempre al mismo objetivo: solucionar problemas que la sociedad demanda y que los gobiernos intermedios no están en capacidad de resolver. El problema, reitero, es que chocan inmediatamente contra argumentos falaces, puramente políticos, que sostienen que sería un “retroceso de la descentralización”, volver al “antiguo régimen” o “atentar contra la democracia”. Nada más falso.
Estamos curados de la fiebre con la cual se inició este proceso de descentralización que debe seguir consolidándose, pero con ciertas reformas que la conduzcan al cauce natural del cual se ha desviado desde hace varios años por acción de sus autoridades. A estas alturas, los mitos de la descentralización han muerto.
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