Por: Enrique Hugo Müller Solón Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos / PERÚ
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Una policía democrática es aquella organización policial dispuesta a rendir cuentas respecto a su desempeño institucional al confrontar la criminalidad, el mantenimiento del orden y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Policía democrática no es aquella que se colude con los políticos para protegerse ante la ilicitud, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos. Una policía democrática es aquella que prevalece la atención de los problemas y requerimientos de la comunidad. Policía democrática no es la que prioriza estar al servicio de los intereses o la seguridad del propio Estado. Una policía democrática, es aquella que garantiza el cumplimiento de la ley, conserva la paz social en el marco de la justicia y protege, previniendo e investigando, la seguridad de los ciudadanos, además de cumplir y someterse a la ley que pretende aplicar. Una policía democrática se encuentra integrada a la sociedad para satisfacer sus necesidades de seguridad. No es policía democrática, aquella que se encuentra sometida al poder político. Actualmente en el Perú no tenemos una policía democrática y si bien es cierto decimos que vivimos en democracia, sin embargo en la práctica esta no resulta beneficiosa para todos, no es el caso de los gobernantes que al ser elegidos “en democracia” gozan del poder para otorgar o restringir derechos en nombre de ella, utilizando a las instituciones del Estado como si fueran de su propiedad; es así que no se permite a la Policía Nacional desarrollarse dentro del entorno social que le corresponde para garantizar la seguridad ciudadana que por derecho le corresponde a todos los peruanos y viene siendo objeto de instrumentalización política desde hace muchos años y es por eso que el Ministro del Interior lejos de dedicarse a sus funciones vinculadas al Gobierno Interior entre ellas la Dirección General de Gobierno Interior, la Dirección General de Migraciones y Naturalización y la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil, lo vemos abocado casi exclusivamente a comandar a la Policía, generando un vació de comando en la institución policial acatado sumisamente por su Director General, en un claro mal ejemplo a sus subordinados, incentivando con su comportamiento, criterios personalistas y particulares de parte de quienes siendo policías de carrera, buscarían ser beneficiados o promocionados en función al sometimiento y al favor político mas no en base a la meritocracia establecida. Lo cierto es que en lugar de haberse instado una subordinación de la Policía al Poder Civil por la vía constitucional, de su reforma o de su institucionalización, los gobiernos de turno han favorecido en los últimos años “lealtades policiales” sobre la base de procedimientos éticamente vetados, generando lo que actualmente conocemos como la “politización de la Policía Nacional”. Juan Ramón Quintana Taborga en su Libro Policía y Democracia en Bolivia (2003), dice que en ese contexto, “las políticas policiales tienen como objetivo predominante garantizar la lealtad corporativa al régimen gubernamental y potenciar la capacidad represiva del Estado en desmedro de funciones preventivas dirigidas a proteger la vida y seguridad de los ciudadanos”. En esta situación, se mantiene en la Policía el mando vertical, modelos de organización jerárquica, costumbres, usos militares y lo que es peor sometimiento a la justicia militar, permitiendo de esta manera al Estado y muy holgadamente, desatender por ejemplo sus demandas de incrementos salariales; los Policías no pueden sindicalizarse, mucho menos hacer huelgas o peticiones colectivas, trabajan horas extras sin compensación, trabajan de noche, domingos y feriados sin reconocimiento económico, se le recorta horas de descanso, son beneficiarios de un precario sistema de salud, deben pagar su propio sepelio aunque mueran en actos del servicio, venden sus descansos para seguir trabajando y poder vivir con un poco mas de dignidad; maliciosamente se les ha concedido el derecho al sufragio, pero se les pasará al retiro si intervienen en actividades políticas o hacen declaraciones a la prensa sin autorización porque así lo dispone su régimen disciplinario. Recientemente, dos sentencias polémicas de la Justicia Militar Policial, recaídas en dos casos que involucran a Policías: Tres años de prisión con carácter de suspendida para un General de la Policía Nacional responsable de 30 muertes durante un operativo policial conocido como “El baguazo” y Tres años de prisión efectiva para un Suboficial de la Policía Nacional que reclamó incremento de remuneraciones para los policías y que no se vulneren los derechos de sus compañeros de armas, ponen en evidencia las razones por las cuales se mantiene sometida al fuero militar a los policías peruanos, a pesar que no tienen ninguna vinculación orgánica ni funcional de responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Finalmente debemos acotar, que los policías peruanos son víctimas de discriminación al interior de su propia institución, no tienen igualdad ante la ley, son pasados al retiro por la causal de renovación de cuadros, lo que en la práctica significa sacar al que no se adapta o cuestiona el sistema. Los policías son observadores permanentes de un sistema corrupto incentivado por los altos mandos, que desencadena una serie de actos que van desde la falta de moral y de ética en su vida personal, pasando por la malversación de fondos, hasta el aprovechamiento ilícito de las partidas de combustible de los patrulleros, en agravio del servicio policial. ¿Con que moral la mayoría de jefes policiales podrían ser juzgadores de sus subordinados? Estos factores, no permiten avanzar hacia modelos más flexibles que incentiven un servicio policial más cercano a la comunidad, ni generan las condiciones de poder contar en el corto tiempo con una Policía Democrática. De esto último no hablan los políticos.
