Por Gladys Bernal Barzola
Miles de millones de personas en el mundo sufren las consecuencias nefastas de la corrupción, según cifras de las Naciones Unidas.
Este flagelo, que hace de las suyas en el Perú, incrementa la brecha de desigualdad y de pobreza; de ahí que trazar como objetivo su destierro no solo merece ser destacado, sino que también debe recibir el apoyo de gobernantes y gobernados.
Ese es el desafío que se ha trazado el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a la luz de la penosa realidad de que 22 expresidentes regionales enfrentan procesos por presuntos delitos de corrupción.
Dicho desafío requiere de simples decisiones con la suficiente fuerza de desterrarla, como aplicar mecanismos obligatorios de transparencia en todos los actos de la gestión pública, que en caso de ser incumplidos merezcan drásticas sanciones. Solo así se recuperará la confianza de la población en sus autoridades.
La transparencia es un valor esencial de la democracia y los peruanos tenemos derecho al acceso a una información veraz, confiable, clara y comprensible. Hagamos de este derecho una exigencia a la autoridad y a los futuros gobernantes.
El pedido de los nuevos gobernadores regionales para acceder a mayores mecanismos de control de la Contraloría General de la República es plausible, pero quienes aplican las acciones de control deben ser absolutamente independientes a las administraciones que auditan. No puede un gobierno regional o un alcalde pagarle el sueldo a su auditor.
Invertir en una vigilancia independiente en los gobiernos regionales y locales es apostar por un mayor desarrollo social, crecimiento económico y generación de confianza.
Sería condenable llegar a finales del presente año y lamentar la pérdida de 10,000 millones de nuevos soles como consecuencia de la corrupción, monto que representa el 2% del producto bruto interno.
Promovamos la rendición de cuentas y la participación de la sociedad en las acciones de control, pero hagámoslo con mayor compromiso, pues ello permitirá que los recursos públicos financien hospitales, colegios, servicios básicos, en lugar de ir a manos de mafias organizadas e inescrupulosos delincuentes que, muchas veces, cuentan con el apoyo de malos funcionarios públicos.
Los mecanismos arriba mencionados, así como un mayor presupuesto para acciones de control y efectivas campañas de información, erradicarán la corrupción.
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