Por Ricardo Soberón
La existencia de la Ley Nº 29811 (diciembre del 2011) de moratoria por diez años para el ingreso de organismos vivos modificados, o de la Ley Nº 27104 de bioseguridad, no constituye garantía suficiente para la ciudadanía, pues la realidad muestra que se ha detectado la venta de semillas de maíz amarillo duro de origen transgénico.
Algunos quisieran derogar o, por lo menos, debilitar estas normas para permitir el ingreso de estos organismos en beneficio de las grandes trasnacionales como Monsanto. Por ello, esta moratoria fue un hito importante para un país que se caracteriza por su megadiversidad y que no requiere de estándares, controles o cualquier tipo de manipulación.
No aporta la existencia de una institucionalidad estatal dispersa en el asunto. Es el caso del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), del Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA), del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
A este aparato disperso se le quiere debilitar favoreciendo el ingreso de organismos vivos modificados, y para enfrentar esa situación, vale recordar que está pendiente la implementación del Reglamento de Sanciones y del Plan de Vigilancia y Alerta Temprana sobre la liberación de estas semillas.
Con estos instrumentos, tales entidades podrán iniciar acciones de control en todo el territorio nacional. El escenario se presenta complejo por la diversidad de actores presentes. El rol que cumplen las ONG, profesionales, campañas mediáticas y colectivos sospechosos es clave para entender qué interés protegen. Se mueven en corredores, en el Congreso, contratan opiniones y elaboran proyectos para debilitar la moratoria.
Así, hay ONG en contra y a favor; entre estas últimas, Peru Biotec, institución que difunde su pensamiento y sus profesionales a lo largo de la institucionalidad del Estado y en espacios internacionales claves en la discusión del asunto. Otros son connotados científicos que –como en el caso de la gran minería– basan su razonamiento a favor de los transgénicos, fundamentalmente en lo económico.
Nos preguntamos, ¿de quién reciben financiamiento? Los primeros que deben ser alertados son los productores, los campesinos, las comunidades y las empresas agrarias que deben comprar periódicamente cantidades importantes de semillas para iniciar sus campañas. También debe alertarse a quienes se dedican a la agricultura que se practica en los valles de la selva alta para reducir el impacto de la coca como materia prima para el narcotráfico; y a los cocineros, restaurantes, puestos de comida y comensales peruanos que basan el boom gastronómico sobre la base de tener una plataforma de recursos y materiales disponibles.
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