Por: Nelson Manrique Gálvez
A pesar de los esfuerzos del grupo editorial El Comercio para impedirlo, el tema de la concentración de los medios de comunicación y la amenaza que esta supone para la libertad de expresión se ha convertido en un tema fundamental de la agenda de debate nacional.
Pero aun entre quienes reclaman discutirlo hay quienes quieren confinar el debate. Hay una marcada preocupación, común a los voceros de las dos posiciones encontradas, porque la discusión no vaya más allá del caso particular de la adquisición de Epensa por El Comercio.
El tema “no debe politizarse”, dicen, y debe tratarse sólo como un problema administrativo empresarial. Horroriza la idea de que pudiera ser debatido en el Congreso o, peor aún, dar lugar a una ley sobre medios de comunicación. Como escribe Mario Vargas Llosa, sería “un remedio peor que la enfermedad”.
La idea es clara, el tema debe mantenerse confinado al ámbito judicial. Mario Vargas Llosa, el más persuasivo defensor de esta posición, precisa que en democracias avanzadas hay leyes que regulan la propiedad de los medios e impiden su acaparamiento, pero no cree que ésta sea una buena idea en el Perú, porque el Parlamento: “En vez de garantizar la diversificación informativa, pondría en manos del poder político un arma que le permitiría recortar la libertad de prensa y hasta abolirla … Por desgracia, el Congreso tiene muy poca autoridad moral e intelectual en el país –en todas las encuestas es una de las instituciones peor valoradas– y no hay posibilidad de que este debate fundamental sobre la libertad de prensa se lleve a cabo allí de la manera serena y alturada que requiere un asunto esencialmente vinculado a la supervivencia de la democracia”. (Mario Vargas Llosa, “¿Un castillo de naipes?”.
No queda claro por qué una ley que regule la propiedad de los medios, plasmando el mandato constitucional que prohíbe su acaparamiento (art. 61), tenga que censurar el contenido de la información. Hay aquí una trampa lógica que mezcla dos temas distintos: la necesidad de impedir el acaparamiento de los medios con el control y/o censura de los mismos. Se necesita una ley que regule la propiedad de los medios de comunicación, no de control de la información, pero cualquier intervención del estado eriza a los neoliberales, más aun cuando puede poner bajo los reflectores la concentración de la propiedad que se está dando en el conjunto de la economía.
Es claro que nuestro Parlamento es lamentable y no inspira mayor confianza. Pero el desprestigio del Poder Judicial no le va a la zaga y no veo por qué salto lógico se llama a confiar en uno mientras se desconfía del otro. Según la encuesta publicada a fin de año por GfK el Parlamento tiene un 12% de respaldo y 83% de desaprobación y el Poder Judicial 13% y 82%, respectivamente. Un honroso empate técnico.
Lizy Béjar Monge, la jueza que admitió a trámite la acción de amparo contra el acaparamiento de medios, acaba de ser relevada de sus funciones por el titular del Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Juan Ricardo Macedo Cuenca, quien, según Diario 16, habría dispuesto tomar bajo su directa responsabilidad el tema. Macedo Cuenca tiene acumulada la mayor cantidad de sanciones disciplinarias y quejas de los litigantes en el país: “114 sanciones disciplinarias: suspensión por dos meses, multas de 5% y 10% de su remuneración, apercibimientos y llamadas de atención, entre simples y severas ... tiene acumulado más de doscientas quejas del público por retardo en la administración de justicia, de las cuales tres fueron declaradas fundadas y motivaron denuncias penales en su contra”. (La República, 15 de noviembre de 2011, http://bit.ly/1dj8RUD). No es pues precisamente un juez suizo.
Seguiré sobre el tema.
