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martes, 8 de noviembre de 2011

INFORMATIVO TALLER DE ASUNTOS PÚBLICOS

Nos escriben: Muller Abogados
mullerabogados@hotmail.com

El taller de asuntos públicos, el cual me honro en integrar, tiene el agrado de difundir el presente informativo.
Atte.
Hugo Muller Solón

Estimados
A cien días del nuevo gobierno peruano evaluamos su gestión en seguridad ciudadana: "Hay que posicionar y fortalecer la prevención, la inclusión de la sociedad civil y la gestión pública integral" (Aquí)

Entrevista a Juan Huambachano, Gerente del Observatorio de criminalidad del Ministerio Público de Perú."Antes de contar con un sistema de información nacional en seguridad ciudadana cada agencia debe gestionar adecuadamente su información interna". (Aquí)

Nuestras actuales publicaciones y las que vendrán antes de terminar el 2011. Apología del Policía Comunitario (Dr. Hugo Muller); La gestión local de la seguridad a partir de la observación de 3 Municipios en Lima y 3 en Santiago de Chile, complementado con entrevistas a 16 expertos sobre el futuro de la gestión municipal al 2020 (Dr. Enrique Castro); Releyendo la reforma de seguridad en la Provincia de Mendoza, Argentina (Lic. Alejandro Salomón); y otras más (Aquí)

Vídeo recomendado sobre la violencia de género: “Dolores” del grupo español REINCIDENTES (ver aquí)

Agradecemos su divulgación y el entrar en contacto con nosotros para sumar esfuerzos por una sociedad menos violenta

Hasta muy pronto…

lunes, 1 de agosto de 2011

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Un aporte para la nueva Gobernabilidad.

Por: Hugo Müller Solón (*)

Ha sido frecuente oír decir a algunas autoridades del pasado Gobierno y en particular a los altos mandos policiales, tratando de justificar las inútiles acciones gubernamentales y la ineficacia de la gestión policial, frente al mayor incremento de la inseguridad ciudadana, afirmar que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) es la causa principal del aumento de la criminalidad porque limita el accionar policial o porque es demasiado garantista. Algunos además, expresan su preocupación de que el CPP no permita que durante el proceso penal, todas las denuncias lleguen a la etapa de juzgamiento, por ser resueltas mediante salidas alternativas; otros consideran que las personas detenidas por delito flagrante en ningún caso debieran ser puestas en libertad. Es realmente preocupante el desconocimiento que en los altos niveles de Gobierno y de la administración policial se ha tenido, por decirlo de alguna manera, en lo referente a la reforma procesal penal y el nuevo sistema de administración de justicia, pero más aún en lo concerniente al rol de la Policía en la Investigación Criminal, lo cual ha venido incidiendo negativamente en la Seguridad Ciudadana.
Claro, si queremos seguir viendo la administración de justicia con mentalidad inquisidora como al parecer lo desean seguir viendo algunas autoridades, para no verse abrumados por el problema sin resolver de la inseguridad ciudadana, todas las personas imputadas debieran estar presas y confinadas en las cárceles sin salir de por vida, para así liberarse además del clamor popular que demanda a sus autoridades mayor seguridad; pero de ser así se olvidan en primer lugar que vivimos en democracia y en estado de derecho, y que existe un nuevo sistema penal cuyo fin último es alcanzar la justicia pero con pleno respeto por los derechos humanos de victimas e imputados y tenemos que cumplirlo; en segundo lugar encarcelar a los que delinquen no resuelve el problema, porque detrás del que ingresa a la cárcel, otro ser humano está en las calles iniciándose en la delincuencia; las cárceles no resuelven el problema de mayor criminalidad, otros son los factores que lo motivan, en particular de índole social, familiar y económico.
Decir que el nuevo CPP, limita a la Policía en su labor de prevenir o investigar el delito es una imperdonable falacia mal intencionada que nace desde el interior de la PNP pero que le hace mucho daño a la Institución Policial, mas por el contrario, la norma procesal penal le otorga una serie de nuevas herramientas de trabajo que si se utilizaran conforme lo establece la ley, la harían mucho más eficaz tanto para prevenir como para investigar el delito. Lo realmente cierto, es que en la Policía Nacional del Perú predomina increíblemente una cómoda cultura conservadora de resistencia al cambio en todo orden de cosas dirigida desde sus altos mandos y este es el motivo por el cual se viene demostrando hasta la fecha, falta de interés por capacitar a los policías o por desarrollar una reingeniería policial que adecue a la Institución Policial al nuevo sistema penal. La estructura organizacional, sus estrategias, sus técnicas, sus procedimientos, sus procesos, todo se mantiene inalterable, a la espera probablemente que el nuevo CPP se derogue o se modifique, como lo desean estas mentes conservadoras.
Cuando hace 22 años se produjo la unificación de las Fuerzas Policiales para dar paso a la creación de la Policía Nacional, cada Institución (Policía de Investigaciones del Perú, Guardia Civil del Perú, Guardia Republicana del Perú) se incorporó en la nueva organización policial con su misma forma de trabajo y estructura; finalmente la nueva Institución Policial se adaptó a la estructura organizacional de la Guardia Civil vigente desde 1922 y esa es la que sigue manteniendo hasta la fecha, con algunas mínimas modificaciones, que más que nada obedecen a cambios de nombre. Se siguen utilizando los mismos procedimientos para prevenir el delito que en su momento y oportunidad fueron muy eficaces, pero ya no en escenarios y problemas distintos como es ahora, por ese motivo las acciones de prevención que utiliza la Policía no dan resultados. Sus métodos y procedimientos, lamentablemente hay que decirlo, pero son obsoletos. La Policía no se ha modernizado.
Por otro lado, no obstante que la modernidad en la Investigación Criminal si ha llegado para la Policía Nacional con el nuevo CPP, este ha sido inmediatamente rechazada por las altas autoridades policiales quienes no conciben aperturar el “secreto y la reserva” con la que se ha mantenido el sistema policial de la Investigación Criminal que ha regido durante los últimos 80 años, mucho menos dar paso a una cultura de reconocimiento del Fiscal como director de la Investigación y a quien le corresponde coordinar e impartir disposiciones a la Policía Nacional, verificando los resultados logrados por esta en materia de Investigación Criminal. Además, tampoco conciben que sea el Policía, en el caso que se llegue a la etapa procesal del enjuiciamiento, el testigo en juicio de la fiscalía. El cambio de mentalidad no se ha producido, porque no ha existido ni existe hasta la fecha por parte del alto mando policial, una autentica y decidida voluntad de capacitar a los policías mucho menos de realizar la reingeniería necesaria para conformar una policía especializada de apoyo al Ministerio Público, en donde deben converger como un solo equipo de trabajo, las Unidades Especializadas de Investigación Criminal y Criminalística que hasta ahora son independientes, autónomas y siguen trabajando por separado. Los motivos de esta aparente indiferencia ante el cambio, son evidentes: La corrupción policial.
La corrupción policial, forma parte de un sistema en la Policía Nacional en el cual convergen altos mandos, Oficiales de alto grado, suboficiales y especialistas. Son pocos pero forman parte del Sistema y hacen causa común de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En el tema de la investigación criminal, el Atestado Policial hoy en día convertido en el instrumento del poder policial es utilizado para manipular, extorsionar, disuadir, convencer y hasta para amenazar a quienes por algún motivo son sometidos a una investigación policial sin ninguna garantía. La policía decidía incluso mediante este documento el curso de la investigación judicial y la situación jurídica de los implicados. Con el nuevo sistema penal el Atestado Policial ha desaparecido, quien investiga el delito ahora es el Fiscal y la Policía ha pasado a cumplir un importante rol de apoyo al Ministerio Público en la investigación criminal, pero dejando de ser el protagonista como lo era en el pasado. El sistema de corrupción y los corruptos no están dispuestos a perder su herramienta de poder y se resisten al cambio de manera organizada, el CPP recién entrara en vigencia en Lima el año 2013 y consideran que tienen el tiempo suficiente para lograr sus fines.
Hoy en día son muy pocos los ya veteranos Policías procedentes de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) que aún permanecen en el servicio activo, ellos si fueron formados como investigadores del delito aunque bajo una concepción ideológica del formato inquisitivo, pero con la personalidad y la vivencia del autentico investigador policial que ya no existe en la Policía Nacional lamentablemente por la decisión política del mandatario Alan García en su primer periodo de gobierno y de haber existido lo más seguro es que se hubieran adaptado con total facilidad al nuevo sistema, tal y como sucede en la realidad internacional cercana a nuestro país, así tenemos que la Policía de Investigaciones de Chile y Colombia se han adaptado perfectamente al nuevo sistema procesal penal y trabajan de manera coordinada con los Fiscales en la Investigación del Delito. Al crearse la Policía Nacional hace 22 años, desapareció la PIP y con ella la especialidad de la Investigación Criminal en la Policía Nacional del Perú.
En resumen, el problema está en las altas autoridades de la Policía Nacional que se resisten al cambio perjudicando a todos los peruanos, puesto que el sistema de corrupción existente no acepta perder el protagonismo anterior, con lo que se está generando una mayor inseguridad ciudadana. La solución a esta problemática está en una sabia decisión de nuestro nuevo Gobierno a través del Ministerio del Interior, reingeniería policial en los estamentos de investigación criminal de la Policía en coordinación con el Ministerio Público para adecuar a la Policía al nuevo sistema procesal penal, retomar la especialización policial en prevención del delito e investigación criminal y capacitar a todos los policías peruanos en las capacidades básicas que deben tener con respecto a ambas especialidades, que increíblemente no las tienen a la fecha. El Código Procesal Penal viene siendo implementado progresivamente en el Perú desde el año 2006 y hasta la fecha la Policía Nacional no ha elaborado una Guía de Procedimientos para que los Policías sepan cual es el nuevo rol que les corresponde en la Investigación Criminal. El autor de la presente nota ha elaborado una Guía de Procedimientos Policiales la cual puede ser visualizada en el siguiente link:
http://apropolperu.files.wordpress.com/2010/05/manual_pnp1.pdf

Hugo Müller Solón
Coronel PNP (R)
Abogado penalista, capacitador en temas de adecuación al nuevo CPP.
Socio Fundador de la Asociación Profesional de Policías del Perú - APROPOL
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos - TAP/PERU
Docente Facultad de Derecho Cesar Vallejo - Trujillo
mullerabogados@hotmail.com

lunes, 28 de febrero de 2011

EN TIEMPOS DE LA GUARDIA CIVIL (1922-1988)

Por: Hugo Müller Solón
Abogado/PERÚ
Investigador Asociado del TAP/PERU

mullerabogados@hotmail.com

En tiempos de la Guardia Civil (1922-1988), existían en el Perú otras dos instituciones policiales especializadas y muy trascendentales para la seguridad del país: La Policía de Investigaciones (PIP) y la Guardia Republicana (GRP). En tiempos de la Guardia Civil, la prevención del delito era muy importante en las ciudades, el policía era proactivo y existía el Servicio de Calle durante las 24 horas del día y con relevos cada 6 horas. En tiempos de la Guardia Civil, el Honor era la Divisa del policía y debería conservarlo sin mancha, porque una vez perdido no lo recuperaría jamás. En tiempos de la Guardia Civil la sola presencia del policía era sinónimo de seguridad, que emanaba de la disciplina, moral y honor característico de sus integrantes. En tiempos de la Guardia Civil, por Ley N° 15605, el Presidente de la República, Don Fernando Belaúnde Terry, le otorgó el título de “Benemérita” como gratitud y estímulo por los servicios prestados a la Nación.
En tiempos de la Guardia Civil y no en otro, surgieron valerosos los héroes nacionales Mariano Santos Mateo y Alipio Ponce Vásquez. En tiempos de la Guardia Civil, las primeras armas del policía eran la persuasión y su fuerza moral y en todas las Comisarías existía el “Libro Azul” con el registro de toda la actividad comercial, empresarial y profesional formal o informal de su jurisdicción, constituyéndose en una herramienta de información muy útil para el control del orden y la criminalidad. En tiempos de la Guardia Civil, esta institución era la encargada básicamente de prevenir el delito y controlar el orden público, pero en los lugares donde no existía la PIP investigaba el delito y donde no existía la GR vigilaba y controlaba los Establecimientos Penitenciarios.
En tiempos de la Guardia Civil, el Perú gozaba de mayor seguridad, el Policía de la esquina era reconocido por todos en el barrio, era el amigo y protector y solía expresar con orgullo y modestia que su mejor recompensa era “la satisfacción del deber cumplido”. En tiempos de la Guardia Civil (1922-1988), y por equivocada decisión gubernamental, desapareció junto a la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, para dar lugar a la creación de la Policía Nacional del Perú. En tiempos de la Policía Nacional, los peruanos adultos y jóvenes que saben de su existencia por información de sus padres, añoran ahora los tiempos de la Guardia Civil y a las instituciones que junto con ella marcaron la diferencia en la Seguridad Ciudadana. Fueron los tiempos de la Guardia Civil (1922 - 1988)

viernes, 11 de febrero de 2011

LOS INTERESES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Nos Escribe: Hugo Müller Solón
Abogado - Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/PERU
mullerabogados@hotmail.com

Vemos con preocupación que contra la inseguridad y la violencia que nos agobia a los peruanos y que nos ha puesto en el primer lugar entre 26 países por tener los niveles más altos en percepción y victimización de la delincuencia, conforme ha informado la Encuesta “Barómetro de las Américas” en su edición 2010, nuestros gobernantes se empeñan en seguir utilizando obsoletos procedimientos, medianamente eficaces en otros tiempos, pero no ahora en que el contexto nos presenta nuevos y diferentes escenarios. Aparentemente tenemos una gobernabilidad que no tiene la capacidad suficiente para encontrar mejores soluciones y que ante su ineficacia suele decirnos que con más recursos y más policías en las calles se resuelve el problema pero al final de la inversión y de mayor presencia policial el problema sigue igual o peor que antes. Es innegable que se trata de un asunto de gobernabilidad y lo urgente es detener la creciente inseguridad y la violencia que cada día parece más incontrolable, pero además, es importante que los gobernantes (gobierno central y gobiernos locales) incluyan en sus administraciones y asesores a expertos en seguridad y violencia, algo que no parece importarles mucho. Haber sido policía o militar no es una garantía del conocimiento requerido, los mejores investigadores y expertos de reconocido prestigio, nunca pertenecieron a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.
Pero el problema va mas allá de la contratación de los expertos porque si bien es cierto muy poco se puede hacer cuando no se sabe qué hacer, menos resultados y logros habrán cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas y peor aún, cuando de por medio existen intereses personales o determinadas orientaciones de trabajo dirigidas a satisfacer planteamientos o propuestas políticas. Por ejemplo si el objetivo principal de la policía es velar por la tranquilidad de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿Por qué el ciudadano desconfía de la policía?; la razón es que las estrategias para disminuir la delincuencia que se vienen utilizando en el país, han venido dejando de lado deliberadamente, la relación del policía con la sociedad, porque actualmente otros son los intereses de la seguridad ciudadana.
Basta con observar el comportamiento de los policías en las calles mostrando un perfil eminentemente reactivo frente al delito es decir intervienen después que el delito se ha cometido y detienen a las personas cuando se encuentran requisitoriadas o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Ese es el modelo del Policía del Siglo XXI que el Perú tiene hasta la fecha y resulta evidente los intereses de la seguridad ciudadana porque lo vemos a diario en los medios de comunicación, frente a la incapacidad de la gobernabilidad para elaborar políticas públicas contra el crimen, es el mismo Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior, quien aparece ahora como ente político y planificador de las operaciones policiales represivas aprovechando que bajo su dependencia se encuentra la Policía Nacional para explotar al máximo sus resultados a favor de la imagen del partido político gobernante. No se privilegia la prevención del delito porque no permite titulares sensacionalistas, no obstante es la principal función de la policía en el Perú y en las policías de todo el mundo. El resultado de esta manipulada imagen policial que tergiversa los reales intereses de la seguridad ciudadana, lo observamos en una encuesta nacional realizada por Ipsos/Apoyo en diciembre 2009, el 47% de peruanos encuestados estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc., con lo cual se le hace el juego perfecto a la ineficacia y a la incapacidad de la gobernabilidad, quienes de esa manera han encontrado la fórmula perfecta para justificar sus falencias.
Ultimadamente los comandos policiales suelen ser responsabilizados, lo mismo que las autoridades locales por no apoyar a la policía, siempre habrá a quien culpar. Círculo vicioso del cual ojalá podamos salir con el próximo Gobierno, caso contrario las consecuencias serán impredecibles.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

PLAN DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES PARA TRUJILLO - PERU

Nos Escribe: Hugo Muller Solón
mullerabogados@hotmail.com

Si el nuevo Alcalde de la ciudad de Trujillo adoptara el modelo de Plan de Vigilancia por Cuadrantes, cuyo propósito primordial sería el de asegurar las condiciones de convivencia y mantenimiento de la seguridad en cada uno de los 55 Territorios Vecinales de la ciudad, los resultados positivos serían evidentes y la percepción de seguridad ciudadana sería muy diferente a la que actualmente tienen los vecinos de la ciudad.
Este Plan se desarrollaría desde un inicio en toda la ciudad de Trujillo como Proyecto Piloto y progresivamente podría ir implementándose en el resto de Distritos aledaños. A cada uniformado (Dos de la PNP y dos de Serenazgo) se le asignaría responsabilidades en sectores específicos de cada Territorio Vecinal para fortalecer la relación ciudadanía - autoridades, que permita desarrollar proyectos preventivos, con el fin de prestar un servicio confiable, rápido y oportuno. En total se requeriría 125 efectivos de la PNP y 125 del Serenazgo, para poder desarrollar este Plan Piloto, los mismos que deberán responder por la tranquilidad de los residentes de su área de responsabilidad.
En cada Cuadrante (55) se desarrollarían acciones proactivo – preventivas para garantizar la Seguridad y Convivencia Ciudadana, atacar de frente delitos como el robo y hurto a personas y residencias, micro comercialización de drogas y homicidios, sin dejar de lado los delitos menores, riñas callejeras, escándalos, uso o invasión de vía pública y demás contempladas en la ley o en las ordenanzas municipales.
La presencia de los Policías y Serenos en los cuadrantes (Cuatro en total por cada Territorio Vecinales), permitiría que cada grupo de trabajo realice un diagnóstico económico y social del cuadrante conjuntamente con el Alcalde Vecinal y Presidentes de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, facilitando el trabajo de las autoridades y su trabajo se desarrollaría bajo tres esquemas que son el de la prevención, que es el de identificar los problemas, Disuasivo, que es el impedir que se cometan acciones delictivas y el de Reacción, que es el de acudir frente a la comisión de un delito. Todos los efectivos policiales y serenos de los cuadrantes dispondrían de motos para su desplazamiento, radios y teléfonos celulares para poder comunicarse con el 105 de la Policía, central del Serenazgo, con las autoridades vecinales y con cualquier vecino de la ciudad que requiera de su presencia, auxilio o apoyo. La Policía Nacional con sede en la ciudad de Trujillo tendría que asumir el compromiso de adecuar su planeamiento a este Plan estratégico a efecto de asignar el personal de sus Unidades Especializada que comúnmente salen a cumplir sus labores diarias en diferentes zonas de la ciudad, en las zonas Disuasivas o de Reacción de cada Territorio Vecinal, según corresponda y para realizar las acciones que se les se asignen. La Policía Nacional, dejaría de ser eminentemente reactiva, para convertirse en una policía prioritariamente preventiva y proactiva, trabajando conjuntamente con la comunidad organizada y bajo el lineamiento estratégico y apoyo de la autoridad local.

jueves, 24 de junio de 2010

Ciudadanos de a pie en peligro por obras pública

Nos escriben: Gerardo Salazar
gerasalma@hotmail.com
22 de junio de 2010

Ayer caminé desde la urbanización santa Inés hasta el centro de la ciudad para realizar unas gestiones personales. Pasé por la avenida Mansiche e ingresé al centro por la calle Orbegoso. No habían veredas ni a uno ni a otro lado de la calle -parece que las han de renovar- y todos los transeúntes compartíamos la pista con los automóviles como bien se podía y con mucho cuidado. No había un espacio alternativo delimitado para transitar durante la obras. Recordé una noticia sobre una transeúnte que ante una situación similar, en la urb. Santa María, se fracturó la cadera después de caer por el piso irregular de las obras.
Miré mi reloj. Era las 11:00 am, horario habitual de trabajo, y no había obreros. Al llegar a la altura del Hotel Libertador, y después de tres cuadras del mismo panorama, encontré solo dos obreros barriendo el polvo de una pequeña área. Además de las veredas deshechas no se había removido el desmonte.
Por la noche vi por televisión las noticias capitalinas: un policía - Mario Tapia Gómez- que transitaba por una avenida de San Juan de Miraflores junto a su mujer, había muerto arrollado por un vehículo. Ellos tuvieron que entrar a la pista por encontrar un desmonte en la vereda.
El alcalde, los regidores, los gerentes, y los inspectores trujillanos son personas inteligentes como para entender la improvisación y enorme peligro que cosas como estas representan. Lo que ocurre, es que no son personas con la suficiente convicción e iniciativa para entender la dignidad y respetar a los demás.
Recuerdo que hace un par de años la defensora del pueblo, Beatriz Merino, al regresar de un encuentro mundial de defensorías, comentó que en los países nórdicos se viene concibiendo un nuevo derecho del ciudadano: el derecho al buen gobierno. No tenemos porque pensar que los avances en un país del primer mundo deben tardar 40 años en llegar por acá. Este derecho al buen gobierno ha de empezar a debatirse como prioridad.
Mientras tanto la vida de las personas que transitan por las calles de Trujillo no vale nada para los que dirigen obras tan vergonzosas como la mencionada.

Jerry Salazar Malbasa

sábado, 3 de abril de 2010

ALTO MANDO POLICIAL NO MODERNIZA A LA PNP PARA EL NUEVO MODELO PENAL ACUSATORIO

Nos Escribe: Hugo Muller Solón
Coronel PNP (R) - Abogado
mullerabogados@hotmail.com

En el sistema penal acusatorio del vecino país de Colombia, el Código de Procedimiento Penal le otorga a la Policía Nacional un rol muy importante y trascendente en la investigación criminal, tan igual como lo ha establecido el nuevo Código Procesal Penal para la Policía Nacional en el Perú. Sin embargo, mientras el alto mando policial colombiano ha desarrollado de manera inmediata las coordinaciones y la reingeniería necesaria para la adecuación y correcto funcionamiento de su estructura acorde con los cambios, permitiéndole trabajar eficientemente con los Fiscales, sin recelos, ni desconfianzas; en el Perú a cuatro años de iniciado el proceso de aplicación del sistema penal acusatorio, la Policía Nacional no ha merecido el mínimo respeto por parte de quienes la dirigen desde el Ministerio del Interior, ni siquiera de su propio Comando, seguramente por considerar que la institución policial es de propiedad de quienes la dirigen y probablemente por no estar de acuerdo con los cambios, no han tenido ni tienen la intención de colaborar de manera positiva con las nuevas transformaciones que se vienen dando en el mundo entero en materia penal en la cual la Policía tiene importante injerencia; como resultado de esta actitud y de manera increíble, se mantiene a la Policía Nacional apartada de su desarrollo en esta nueva etapa que debería marcar de hecho el verdadero y autentico inicio de la modernización policial en el siglo XXI. Por el contrario, voces autorizadas del propio comando policial, consideran principalmente y sin mayor fundamento por cierto, que el Ministerio Publico con el nuevo ordenamiento normativo penal, usurpa funciones de la Policía a quien consideran se le ha quitado autoridad, esperando solo su derogatoria o modificaciones correspondientes. Probablemente, solo en el momento en que el nuevo sistema penal acusatorio se aplique en la ciudad de Lima, recién se producirán estas decisiones que por ahora se siguen postergando. A decir verdad, la Policía Nacional del Perú por responsabilidad de los personajes antes nombrados, mantiene obsoletos métodos, estrategias, procedimientos y estructuras en materia de prevención del delito con un atraso imperdonable de más de 30 años y en materia de investigación criminal este atraso se remonta al año 1940 fecha en la cual se promulga el Código de Procedimientos Penales, el cual transmite un pensamiento inquisitivo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX ya superado ampliamente por las corrientes garantistas que priorizan el pleno respeto por los derechos y libertades fundamentales de las personas y que se encuentra vigente en el Perú desde el año 2006 mediante la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. El resultado de este atraso se refleja en la alta incidencia criminal frente a la ineficacia del trabajo policial en nuestros días.
Cuando se indica en el Art. 67º del Código Procesal Penal (D. Leg. Nº 957) que la Policía Nacional tiene funciones de investigación hay que advertir que no se hace distingo alguno con respecto a la organización policial involucrando a todos sus integrantes; por esta razón correspondía al alto mando policial plantear las precisiones correspondientes por razón de la especialización y capacitación que requiere el policía que debe realizar estas funciones de investigación. En el caso de la Policía Nacional de Colombia, esta institución atribuyo estas funciones exclusivamente a su Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN) que depende orgánicamente de la subdirección General de la Policía Nacional de Colombia. En ese sentido dispuso que la única que puede ejercer funciones de policía de investigación es la DIJIN, salvo en aquellos lugares en donde no existan policías judiciales en cuyo caso esta función la realiza cualquier otro estamento de la Policía Nacional, quienes además pueden intervenir en primera instancia frente a la denuncia o comprobación de cualquier delito, comunicando de inmediato a la DIJIN. La DIJIN depende funcionalmente del Ministerio Público de Colombia.

En este sentido, podemos decir, que una de las transformaciones más exitosas sin duda, como logro alcanzado por la Policía Nacional de Colombia, es la de haber separado adecuadamente la función de vigilancia (Policía de Vigilancia), de la función de investigación (Policía Judicial), entregando esta ultima y a tiempo completo al estamento policial especializado en Investigación Criminal DIJIN, denominado comúnmente “Policía Judicial” (PJ) cuya misión es realizar en forma continua y exclusiva actuaciones de apoyo a la investigación penal en coordinación directa con los Fiscales. Colombia es sin duda, un ejemplo a seguir en materia de modernización policial en América del Sur. Publicado por Hugo Muller para Inseguridad Ciudadana.com en ROL DE LA POLICIA EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL el 4/02/2010 10:49:00 AM
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