POR: UBALDO TEJADA GUERRERO – Analista Global.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre el “negacionismo”, que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país. Esta es una ley de marras, ofende el libre pensamiento, negando la libertad de prensa en el Perú.
Para los peruanos defender conquistas históricas logradas por los periodistas como la libertad de prensa y la libertad de expresión, pilares fundamentales de la democracia, es un deber ciudadano y un total rechazo al mencionado proyecto de ley, por constituir una mordaza a la libertad de prensa y un peligro en que se verían envueltos todos los periodistas o directores de medios de comunicación del Perú, que han cerrado filas alrededor de sus gremios.
Seguimos sin aprender la importancia de leer la realidad peruana, y el interés por saber qué está pasando en la raíz de los problemas y conflictos sociales, y una sugerencia velada que revela la postración intelectual en que se encuentra el Perú para enfrentar sus problemas.
En el Perú se construye otra vez una salida autodestructiva, tomando distancia de todo aquello que resulte inaceptable, de condenar todo aquello que resulte hereje y de considerar que todas las personas que están lejos del Perú oficial son enemigos irreconciliables con la paz y la democracia, y la libre lucha de ideas, faltando que hasta el color rosado sea proscrito.
Este proyecto busca penalizar a aquellas personas que públicamente y por medios idóneos, en este caso públicos, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo. El Consejo de Ministros propone como fórmula legal la incorporación del artículo 316°-A al Código Penal con el concepto “Negacionismo de los delitos de terrorismo”.
Estamos convencidos del valor de la libertad de prensa, en todas sus formas en que se le considere y cualquiera sea el medio empleado, su práctica responsable es una de las mayores garantías, para el Estado de Derecho, la democracia, la justicia, la paz y los derechos humanos.
Es ético mantener su propia convicción, lo contrario es inmoral, y atenta contra el prestigio propio y profesional. Las creencias y criterios se fundamentan en principios éticos superiores.
Bastará que un procurador, un grupo de víctimas, o un cuerpo militar, consideren a estas críticas como ofensa a un colectivo social, para activar la imputación por el delito de “negacionismo” que se propone y se abriría un ciclo oscuro a la libertad de prensa en el Perú.
Invocamos al pleno del Congreso de la República a tener en cuenta y ponderar los graves perjuicios que una norma penal como la que se propone podría generar en la vigencia de la libertad de expresión en el país y por ende en la consolidación del Estado constitucional. Exhortamos al Poder Ejecutivo a revisar esta propuesta que no se condice con la línea de pleno respeto a la libertad de expresión.
El proyecto contempla la imposición de pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, al que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los actos cometidos por organizaciones terroristas y establecidos en una sentencia judicial, olvidando que el derecho a emitir una opinión es inalienable.
El proyecto de “ley del negacionismo” enviado por el Poder Ejecutivo representa una seria amenaza a la libertad de opinión, es inútil, torpe y peligrosa. El texto del Proyecto pone al alcance de persecución penal la difusión de opiniones discrepantes con sentencias judiciales firmes, sea porque se crea que atribuyen equivocadamente acciones terroristas a personas que forman parte de este tipo de organizaciones, o porque se considere que son desproporcionadas en las penas impuestas.
Opinar que la sentencia condenó a inocentes puede calificar, en los términos del Proyecto, como la negación de la comisión de delitos de terrorismo. Y si se opina que la pena es excesiva, como la minimización de tales ilícitos; ambas figuras están penalizadas con prisión de entre cuatro a ocho años.
Para todo ciudadano peruano debe ser de lectura obligada el texto de la citada norma legal.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre el “negacionismo”, que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país. Esta es una ley de marras, ofende el libre pensamiento, negando la libertad de prensa en el Perú.
Para los peruanos defender conquistas históricas logradas por los periodistas como la libertad de prensa y la libertad de expresión, pilares fundamentales de la democracia, es un deber ciudadano y un total rechazo al mencionado proyecto de ley, por constituir una mordaza a la libertad de prensa y un peligro en que se verían envueltos todos los periodistas o directores de medios de comunicación del Perú, que han cerrado filas alrededor de sus gremios.
Seguimos sin aprender la importancia de leer la realidad peruana, y el interés por saber qué está pasando en la raíz de los problemas y conflictos sociales, y una sugerencia velada que revela la postración intelectual en que se encuentra el Perú para enfrentar sus problemas.
En el Perú se construye otra vez una salida autodestructiva, tomando distancia de todo aquello que resulte inaceptable, de condenar todo aquello que resulte hereje y de considerar que todas las personas que están lejos del Perú oficial son enemigos irreconciliables con la paz y la democracia, y la libre lucha de ideas, faltando que hasta el color rosado sea proscrito.
Este proyecto busca penalizar a aquellas personas que públicamente y por medios idóneos, en este caso públicos, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo. El Consejo de Ministros propone como fórmula legal la incorporación del artículo 316°-A al Código Penal con el concepto “Negacionismo de los delitos de terrorismo”.
Estamos convencidos del valor de la libertad de prensa, en todas sus formas en que se le considere y cualquiera sea el medio empleado, su práctica responsable es una de las mayores garantías, para el Estado de Derecho, la democracia, la justicia, la paz y los derechos humanos.
Es ético mantener su propia convicción, lo contrario es inmoral, y atenta contra el prestigio propio y profesional. Las creencias y criterios se fundamentan en principios éticos superiores.
Bastará que un procurador, un grupo de víctimas, o un cuerpo militar, consideren a estas críticas como ofensa a un colectivo social, para activar la imputación por el delito de “negacionismo” que se propone y se abriría un ciclo oscuro a la libertad de prensa en el Perú.
Invocamos al pleno del Congreso de la República a tener en cuenta y ponderar los graves perjuicios que una norma penal como la que se propone podría generar en la vigencia de la libertad de expresión en el país y por ende en la consolidación del Estado constitucional. Exhortamos al Poder Ejecutivo a revisar esta propuesta que no se condice con la línea de pleno respeto a la libertad de expresión.
El proyecto contempla la imposición de pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, al que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los actos cometidos por organizaciones terroristas y establecidos en una sentencia judicial, olvidando que el derecho a emitir una opinión es inalienable.
El proyecto de “ley del negacionismo” enviado por el Poder Ejecutivo representa una seria amenaza a la libertad de opinión, es inútil, torpe y peligrosa. El texto del Proyecto pone al alcance de persecución penal la difusión de opiniones discrepantes con sentencias judiciales firmes, sea porque se crea que atribuyen equivocadamente acciones terroristas a personas que forman parte de este tipo de organizaciones, o porque se considere que son desproporcionadas en las penas impuestas.
Opinar que la sentencia condenó a inocentes puede calificar, en los términos del Proyecto, como la negación de la comisión de delitos de terrorismo. Y si se opina que la pena es excesiva, como la minimización de tales ilícitos; ambas figuras están penalizadas con prisión de entre cuatro a ocho años.
Para todo ciudadano peruano debe ser de lectura obligada el texto de la citada norma legal.
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