Nos escriben: Martina Ramón Sánchez
martina@demus.org.pe
En el marco de la campaña “Firme con la Reconciliación”, impulsada por las organizaciones de afectados y afectadas y el Movimiento Para Que no Se Repita, se viene promoviendo la entrega de 70 mil cartas al Presidente Ollanta Humala con el objetivo de solicitar de manera urgente la modificación del Decreto Supremo Nro. 051, así como cumplimiento del acta de asamblea de la sesión 115 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que aprobó la modificatoria del Decreto y el monto de reparación individual para las víctimas a 10 UITs.
Las mujeres organizadas que integran el Comité de Seguimiento de la Plataforma de Acción a Favor de las Mujeres de la Región Huancavelica hicieron entrega de su carta dirigida al Presidente Ollanta Humala donde demandaron reparaciones integrales para las víctimas de violencia sexual durante el Conflicto armado. En su carta, recordaron al Presidente que las víctimas de otras formas de violencia sexual aún no están reconocidas en la Ley Nro. 28592 que implementa el Plan integral de Reparaciones ni en su reglamento, y que no existen lineamientos ni protocolos específicos para atender integralmente a estas víctimas.
Es preciso recordar que el Registro Único de Víctimas (RUV) encargado al Consejo de Reparaciones cuenta con aproximadamente 2,046 víctimas de violación sexual registradas y 756 víctimas registradas por diversas formas de violencia sexual como esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada, aborto forzado, intento o amenaza de violación sexual, tortura a mujeres embarazadas, tortura en órganos sexuales y desnudos forzados a diciembre de 2011.
Demus, considera que el Estado debe implementar la política de reparación garantizando en cada toma de decisión el carácter reparador de la misma, siendo éste un delito de lesa humanidad y teniendo en cuenta la búsqueda de reconocimiento y dignificación de las víctimas. Por ello, es imprescindible acoger las demandas urgentes de las organizaciones de afectados/as, como son la modificación del Decreto Supremo 051 y su pedido de 10 UITs para la reparación económica individual, el inicio de los otros programas de reparación como salud, implementación y atención en salud mental, educación, reparaciones simbólicas y la incorporación inmediata de las víctimas de otras formas de violencia sexual a través de iniciativa legislativa para modificar la Ley PIR y su reglamento, así como lineamientos y protocolos específicos que garanticen la adecuada atención por la afectación vivida.
Para mayor información:
María Ysabel Cedano: 994-361-585
Rosa Alva: 999-217-161
martina@demus.org.pe
En el marco de la campaña “Firme con la Reconciliación”, impulsada por las organizaciones de afectados y afectadas y el Movimiento Para Que no Se Repita, se viene promoviendo la entrega de 70 mil cartas al Presidente Ollanta Humala con el objetivo de solicitar de manera urgente la modificación del Decreto Supremo Nro. 051, así como cumplimiento del acta de asamblea de la sesión 115 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que aprobó la modificatoria del Decreto y el monto de reparación individual para las víctimas a 10 UITs.
Las mujeres organizadas que integran el Comité de Seguimiento de la Plataforma de Acción a Favor de las Mujeres de la Región Huancavelica hicieron entrega de su carta dirigida al Presidente Ollanta Humala donde demandaron reparaciones integrales para las víctimas de violencia sexual durante el Conflicto armado. En su carta, recordaron al Presidente que las víctimas de otras formas de violencia sexual aún no están reconocidas en la Ley Nro. 28592 que implementa el Plan integral de Reparaciones ni en su reglamento, y que no existen lineamientos ni protocolos específicos para atender integralmente a estas víctimas.
Es preciso recordar que el Registro Único de Víctimas (RUV) encargado al Consejo de Reparaciones cuenta con aproximadamente 2,046 víctimas de violación sexual registradas y 756 víctimas registradas por diversas formas de violencia sexual como esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada, aborto forzado, intento o amenaza de violación sexual, tortura a mujeres embarazadas, tortura en órganos sexuales y desnudos forzados a diciembre de 2011.
Demus, considera que el Estado debe implementar la política de reparación garantizando en cada toma de decisión el carácter reparador de la misma, siendo éste un delito de lesa humanidad y teniendo en cuenta la búsqueda de reconocimiento y dignificación de las víctimas. Por ello, es imprescindible acoger las demandas urgentes de las organizaciones de afectados/as, como son la modificación del Decreto Supremo 051 y su pedido de 10 UITs para la reparación económica individual, el inicio de los otros programas de reparación como salud, implementación y atención en salud mental, educación, reparaciones simbólicas y la incorporación inmediata de las víctimas de otras formas de violencia sexual a través de iniciativa legislativa para modificar la Ley PIR y su reglamento, así como lineamientos y protocolos específicos que garanticen la adecuada atención por la afectación vivida.
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