Por Alvaro Peláez
Se acerca el tan ansiado 5 de octubre. La guerra por la supervivencia de llegar directo y sin escala al sillón municipal o regional ha comenzado con fuerza. Según cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) unos 100.000 candidatos están pugnando por ocupar alrededor de 12.000 cargos públicos.
A medida que la fecha se acerca, miles de postulantes queman todas sus cartas para convencer al inestable electorado. Muchos sonríen, suben cerros, bailan, corren, cocinan, coquetean, besan, critican a sus adversarios y algunos mienten de forma descarada intentando ocultar información valiosa en sus hojas de vida.
Así lo demuestra la preocupante lista que recientemente entregó el Registro Nacional de Condenas al JNE donde advierte que 2,131 candidatos que hoy están en campaña han cumplido condena por la comisión de actos ilícitos.
Menudo trabajo el que le espera a la autoridad electoral que aún tiene pendiente revisar más 750 candidaturas con condenas vigentes.
Si creíamos que lo habíamos visto todo al contar con alcaldes o congresistas que mienten en sus hojas de vida adjudicándose títulos y grados que no tienen, estábamos pecando de ingenuos.
Nuestras posibles autoridades ni respetan ni temen las sanciones que establece el Código Penal que pena el delito de falsedad ideológica con una condena de cárcel no menor a seis años.
En esta campaña al menos 27 candidatos fueron sentenciados por peculado, 47 postulantes con condena vigente por incumplimiento de obligación alimentaria para sus hijos, 3 por malversación de fondos, 7 condenados por hurto agravado, 14 sentenciados por falsificación de documentos, 3 por violación sexual, 5 por homicidio culposo, 4 por tráfico ilícito de drogas, 2 por terrorismo, y uno hasta por parricidio.
El Ministerio del Interior alerta que actualmente unos 124 postulantes son investigados o han sido sentenciados por vínculos con el narcotráfico. ¿Qué estaremos pagando? ¡Dios nos libre de semejantes joyitas!
Tal parece que la mentira forma parte de la clase política de nuestro país.
Si teníamos esperanza en que el panorama cambie en las próximas elecciones, estas cifras no son nada alentadoras y nos regresan a la realidad.
Contamos lamentablemente con partidos políticos desprestigiados y debilitados en donde ni siquiera se verifica qué clase de gente tienen en sus filas.
La ética, honorabilidad, reputación y una buena trayectoria profesional parece haber quedado de lado para dar paso a los candidatos con prontuario pero con dinero para solventar una millonaria campaña electoral.
En vista de este preocupante escenario esperemos que se aplique contundentemente la Ley de Partidos Políticos que advierte a los candidatos con sentencia vigente por delito doloso el impedimento a postular.
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