Pilar Marín Bravo
La situación de los jóvenes en el Perú y en la región en general es motivo de preocupación constante para los gobiernos y los organismos internacionales, debido a la falta de oportunidades educativas y laborales que plantean con frecuencia nuevos retos para atender sus necesidades y asegurar su inclusión social.
Y es que precisamente la educación y el empleo son los dos indicadores que reflejan el grado de exclusión social que sufren muchos jóvenes y que requieren de políticas de formación profesional y oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida.
Se calcula que aproximadamente 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años en la región (22% del total) no estudia ni tiene un empleo remunerado, según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que hace un llamado a los países para acabar con el problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (la mal llamada generación “nini”).
De esos 30 millones, de acuerdo con la Cepal, la gran mayoría (70%) son mujeres de sectores urbanos, de los cuales un 55% se dedica al trabajo doméstico y de cuidados que no es remunerado, mientras que un 25% es cesante o busca trabajo por primera vez y un 15% está inactivo por razones que se desconoce.
En el Perú, según la Organización Internacional del Trabajo, más de un millón de peruanos de entre 14 y 29 años, de los cerca de 6 millones que viven en el país, son desempleados. El desempleo es solo uno de los problemas que enfrentan pues se suman otros como la falta de preparación, la informalidad o la paternidad y maternidad no planificada.
En el ámbito educativo, si bien en los últimos años se ha experimentado un aumento en la cobertura educativa junto a un porcentaje considerable de adolescentes que termina la educación secundaria, particularmente en los sectores menos favorecidos económicamente, existe todavía una brecha entre los jóvenes que deciden emprender estudios superiores, trabajar o ambas opciones, así como las alternativas que tienen al terminar la secundaria.
Mucho se ha sostenido sobre la importancia de desarrollar estrategias desde el sistema educativo para mejorar la inclusión de los jóvenes, pero también de la necesidad de plantear alternativas más flexibles que los incorporen y acerquen al mercado laboral.
Iniciativas como Beca 18 y Pro Joven apoyan a los adolescentes y jóvenes a encaminarse hacia una formación orientada a su inserción en puestos de trabajo. Hace falta un compromiso mayor de la empresa privada, de instituciones que multipliquen sus alianzas para ampliar su oferta de educación técnica a los y las jóvenes, con un componente social inclusivo.
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